Elecciones Presidenciales en Chile: De la retórica del marketing al proyecto político

Chile, país republicano ubicado en el extremo sur de Sudamérica, se encuentra ad-portas de sus próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, contempladas para el 19 de noviembre de 2017. Cuna del socialista y masón Salvador Allende, de los Premios Nobel de Literatura Pablo Neruda y Gabriela Mistral, de la potencia artística de Violeta Parra y Víctor Jara, así como de la tragedia en las manos genocidas del dictador Augusto Pinochet, la situación política actual de este país sudamericano dista mucho de ser plácida. Desde la convulsión social del 2011, Chile se debate entre un desencanto popular frente a la clase política y la emergencia de diversos movimientos sociales y políticos que se disputan el fin o la continuidad de la trayectoria neoliberal de estas últimas tres décadas.

Con ocho candidatos y candidatas al sillón presidencial, estas elecciones no prometen necesariamente una disminución del 59% de abstención observada en la última contienda electoral por la presidencia de la república. Con una elevada concentración de la riqueza y desigualdad social, con una naturalizada privatización de los recursos y servicios de relevancia estratégica, con un proyecto económico extractivista y con un Estado de carácter subsidiario, el rostro neoliberal chileno parece no inmutarse con lo que ocurra en las próximas elecciones presidenciales. Los numerosos casos de corrupción y la crisis permanente entre el Estado (más los grupos económicos involucrados) y los pueblos mapuche, en el sur de Chile, no han podido correr su maquillaje, ni opacar la hegemonía cultural del actual modelo económico-político chileno. Un cierto ethos cultural despolitizado estaría a la base de esta desafectación por los proyectos colectivos, dificultando el vínculo entre las esperanzas ciudadanas de cambio y las opciones electorales definidas. En otras palabras, la herencia de los Chicago Boys ha encontrado en el imaginario chileno la tierra fértil para los frutos del neoliberalismo, su jerga valórica, su individualismo competitivo y la idea de que la acción de votar no tiene una real incidencia en las posibilidades de transformación económico-política.

Anclados en la izquierda, tanto Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Beatriz Sánchez (Frente Amplio) se erigen como los dos contendores más críticos del modelo neoliberal chileno. De carácter más reformista, Alejandro Guillier (independiente y continuista del proceso de cambios implementado por Michelle Bachelet), Alejandro Navarro (Partido PAIS) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) representan un amplio espectro de posiciones, que si bien pueden plantear transformaciones importantes, no parecen focalizarse en modificar a nivel estructural las relaciones económico-políticas instauradas en Chile desde la dictadura militar. Desde una posición de centro-derecha más liberal, Carolina Goic (Partido Demócrata Cristiano) surgió como abanderada generando una escisión en la actual coalición gobernante. Finalmente, José Antonio Kast (independiente, ligado a la Unión Demócrata Independiente) y Sebastián Piñera (Pacto Chile Vamos), se levantan como las dos alternativas de la derecha política, con explícitas intenciones de profundizar el modelo neoliberal chileno.

Aunque el mundo de las encuestas adopta un carácter tendencioso en periodo de elecciones, es Sebastián Piñera el que ha puntuado más alto en los sondeos, seguido de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier. Estas tendencias, observadas en un contexto de desafectación ciudadana por la dimensión representativa de la democracia formal, ponen en relieve la posibilidad de que triunfe en primera vuelta la apuesta por el estatus quo neoliberal, mostrándose más débiles las posiciones reformistas o de transformación estructural. Sin embargo, un eventual balotage (contemplado para el 17 de diciembre), podría poner en peligro las opciones de Sebastián Piñera, si la abanderada o abanderado que compita contra las fuerzas de derecha, es capaz de alinear y reunir, en términos de recursos de convocatoria, al electorado que comprende desde la Unión Patriótica hasta la Democracia Cristiana chilena. Asimismo, el voto chileno desde el exterior podría también generar sorpresas, si los resultados de las elecciones al interior del territorio nacional se muestran estrechos entre los contendores y contendoras.

Más allá del voto duro evidenciado en las elecciones presidenciales anteriores y de las encuestas, el desafío de las candidatas y candidatos es cautivar a aquel 60 por ciento del electorado que se abstiene de concurrir a las urnas. Sin embargo, muchos de los procesos de campaña carecen de un proceso previo y prolongado de construcción de un proyecto político colectivo, lo cual se ha visto reemplazado por una suerte de súbitas promesas u “ofertones” programáticos y por un abanico de declaraciones de intenciones de último minuto. En tal sentido, se tiende a buscar la captura del voto ciudadano recurriendo a la imagen fabricada, a la eventual simpatía de la contendora o contendor, a su conexión con los “problemas y necesidades de la gente”, todo ello a través de los mass media, de las redes sociales, de los eventos masivos y del tradicional “puerta a puerta”.

Lo que es cuestionable es hasta qué punto la ausencia de proyectos políticos de largo alcance, construidos de manera colectiva y participativa, va a poder sostener la legitimidad de la clase e institucionalidad políticas. Asimismo, también cabe preguntar si la reducción de las propuestas programáticas al mero marketing electoral o a anuncios publicitarios, es ahora el método adecuado para capturar –bajo la lógica del “oferta de retail”- a un electorado que ha comenzado a ver en los movimientos sociales el espacio expedito para satisfacer, individual y colectivamente, los anhelos de participación y de toma de decisiones políticas.

En tal sentido, es necesario reconocer que la ciudadanía, en toda su diversidad, observa ahora con suspicacia la empatía de cartón y la locuacidad del marketing, así como la autoexaltación onanista de muchos contendores y contendoras en este “mercado” electoral. En los tiempos en que las promesas políticas ya no entregan muchas esperanzas a las personas, los proyectos de largo aliento, tan inusuales hoy en la clase política, deberían constituir la vía para instaurar la participación, la repolitización y el reencantamiento de la gente por lo colectivo. Y permitir salir de la retórica autocomplaciente del marketing. Porque en Diciembre, en la desesperada carrera por el balotage, las ofertas terminarán y la ciudadanía chilena, inexorablemente, deberá al final y como siempre pagar la cuenta.

(*)    Publicado por la revista alemana Lateinamerika Nachrichten.
(**)  Imagen: Revista Momento.  

Alberto Mayol y la Incomodidad Neoliberal

“Me hizo bien estar mudo, a todo el mundo le haría bien un poco de silencio para pensarse. Los chilenos hablan tanto y agudo y gritado. El neoliberalismo farandulón los puso así, muy engreídos”.

-          Pedro Lemebel.

Si hay un efecto social que ha caracterizado –entre otros- la emergencia controvertida de la figura de Alberto Mayol, es la incomodidad. Del latín incommoditas, refiere a la condición de provocar molestia o de requerir esfuerzo, una tensión recurrente que ha podido observarse como resultado de sus hipótesis o proposiciones políticas y científicas. Ya sea en la forma o en el fondo, la acometida de Mayol en las primarias del Frente Amplio y su reciente creación de un bloque de izquierda al interior de su coalición, no han sido de fácil digestión. Su focalización en las relaciones de poder significó repolitizar el debate, siendo este último un bien escaso en el actual escenario deliberativo. Y su anclaje en la tradición de izquierda ha irritado la dermis sensible de conspicuos personajes de la intelectualidad académica, de la política y de los mass media.

Ya en una declaración pública del 26 de julio de 2017, señalaba que “todo discurso político desde la izquierda está en los derechos de los(as) trabajadores(as) y en el cuestionamiento a los mecanismos de acumulación económica y de generación de excedentes empresariales basados en el deterioro de los salarios, las condiciones laborales y la explotación del medioambiente”. Es decir, un golpe directo al vientre del naturalizado modelo de desarrollo chileno. E independiente de sus detractores y simpatizantes, su crítica al neoliberalismo criollo ha contribuido con un punto de inflexión para la pretenciosa y despolitizada racionalidad local. 

Desde su mediática irrupción en la ENADE (Encuentro Nacional de Empresarios), allá en el 2011, la controversia política y académica construida en torno a su figura ha sido continua y condimentada. Ante una incómoda élite empresarial, Alberto Mayol cuestionó el modelo económico y social chileno. En su análisis reinterpretó las movilizaciones estudiantiles y sociales de aquel año, como la manifestación de un malestar generalizado frente a un sistema económico-político en crisis. Es muy probable que el análisis del joven sociólogo, realizado en las suntuosas locaciones de Casa Piedra, haya alterado el ritmo cardiaco a más de algún habitué de las neoyorkinas páginas de la revista Forbes. Es que trasladar a esos recintos el aroma enrarecido de la calle, esa agridulce brisa de ciudadanía agobiada de tanto transitar por los estrechos pasadizos de la subordinación, no es precisamente una suave caricia para la afectación olfativa del gran empresariado criollo. La mezcla concurrida de olores nunca ha sido una predilección de palacio.

Tampoco las hipótesis políticas y científicas que declaró en una seguidilla de libros, entre los que se encuentran “El Derrumbe del Modelo” (2012), “No al Lucro” (2012) y “Economía Política del Fracaso” (2015). Sus textos críticos, deliberadamente dialogantes con el  ciudadano común, ofendieron también al espíritu racional-científico de la nobleza académica nacional. Sin embargo, esto último puede ser considerado positivo, toda vez que sus proposiciones e hipótesis, que recorren tanto las dimensiones estructurales como subjetivas del modelo de desarrollo chileno, abrieron un debate reinstalando la necesidad de “politizar” el diálogo académico, político y social, en términos de examinar las relaciones sociales de poder.

Sin embargo, así como la sensibilidad empresarial se vio interpelada críticamente durante la ENADE del 2011, un sector del respetable estamento de científicos sociales no estuvo exento del malestar suscitado ante la eventual “poco académica” calidad de sus proposiciones. “Pseudocientífico”, “pseudoinvestigador” o “poco serio”, son parte del conjunto de  epítetos que algunos de sus pares han emitido aludiendo a su actividad como investigador y teórico. Es probable que muchos de estos calificativos provengan de la complejidad narcisista que abunda a raudales en la academia chilena. También de pares que no han leído un texto suyo, construyendo sus impresiones con base al rumor, a la opinión de “terceras fuentes” o a la cuña editada en los mass media. En otros casos, la crítica proveniente de personas informadas ha sido valiosa para promover los debates político, académico y ciudadano.

Cuando Alberto Mayol, junto a Javiera Araya publicó su estudio que cuestiona la neutralidad política del Fondecyt Regular en la selección de proyectos de investigación, el fuego cruzado del cual ambos fueron blancos -desde el mismo programa público y desde la academia chilena- fue digno de antología. La crítica metodológica y la atribución de “falta de seriedad” del informe, fueron esgrimidas para invalidar la hipótesis (considerada por sus críticos como “absurda”), que señala una relación entre los procesos políticos y la probabilidad de adjudicarse un Fondecyt. Sin embargo, el argumento de la falta de seriedad metodológica es insuficiente para invalidar una afirmación hipotética. Se requiere, además, de la realización de otros estudios que refuten la asociación entre la dimensión política y el proceso deliberativo que sustenta la selección de proyectos de investigación. Esto último, no sólo constituye un criterio científico, sino que también un principio de lógica cotidiana: No se puede hablar de una imposibilidad de hacer pan, sólo por el hecho de que se cuestione la forma en que se ejecutó la receta.

De toda esta trifulca se puede extraer que la receta no trasciende su condición de ser sólo una referencia, una fórmula metodológica subordinada a toda afirmación científica o política. En otras palabras, toda hipótesis crítica constituye una apuesta resiliente, frente a una lógica o itinerario procedimental con pretensiosos ropajes de validez universal. Porque cuestionar que la neutralidad de la institucionalidad científica es inmune a los intereses políticos particulares, es reubicar el lugar de la actividad académica y científica al interior de múltiples relaciones de poder. En otras palabras, contribuye a promover el debate estructural en los ámbitos de la política, de la academia y de la ciudadanía.

Un criterio de relevancia estratégica que debiese proyectar el excandidato, es que la comunicación efectiva de todo análisis y proposición crítica debe permear las diferentes texturas del tejido social. Se trata de promover estos debates en todos los espacios posibles de discusión, así como instalar sus ideas-fuerza en la diversidad de conversaciones cotidianas. En un país neoliberal, donde la vida social está segregada y privatizada en casi todos los ámbitos de interacción colectiva, el riesgo de que las ideas se distribuyan fragmentadamente es casi seguro; es decir, que éstas sólo alcancen a ser digeridas por aquellos sectores sociales más próximos y que resulten ser un eco deformado o silencioso para otros grupos y actores del entramado social.  

Desde esta perspectiva, no deja de ser interesante la alusión apasionada de Lemebel, cuando dispara su prosa contra el engreimiento neoliberal chilensis. La restitución de lo colectivo -tan presente en las propuestas de Mayol- puede ser percibida como una idea difusa o impracticable, debido a la infinidad de clausuras sociales que resultan de tanta segregación. Y el efecto individualista de ello es la falta de reconocimiento entre ciudadanas y ciudadanos, producto de una débil coexistencia, coexperiencia e intercambio sociales. No debe sorprender con ello la emergencia de la vanidad, del prejuicio y de la ignorancia. Tampoco las dentelladas de algunos egos ofendidos. Al contrario, la incomodidad generada por las proposiciones de Mayol puede constituir una valiosa oportunidad para restituir, mediante el debate, el ethos político de todo acto social deliberativo. Pero, al mismo tiempo, poner en tela de juicio la actitud engreída que trae consigo nuestra permanencia prolongada en los frívolos pasillos de la farándula neoliberal.

(*) Imagen: Werkén Rojo.
(**) Columna Publicada en el Periódico NN. Concepción, Chile.   

Laicismo en el nombre de Dios: El analfabetismo republicano del Congreso chileno

Ilustración: Jorge Zambrano.

El alboroto desplegado por la Cámara de Diputados de Chile, debido a la moción presentada por la diputada Camila Vallejo, desnuda la provinciana noción que tienen muchos[as] de los[as] Honorables acerca de la función republicana. La diputada propuso eliminar la alusión reglamentaria "En el nombre de Dios y la Patria", con que se abren las sesiones de sala del Congreso. Y aunque la propuesta exude obviedad, las quejas y los gritos al cielo en el Hemiciclo redujeron al nivel de la comedia, la comprensión que tiene gran parte del mundo parlamentario acerca del carácter laico de una república. Y esto va más allá de una ingenua pechoñería o de un abierto cinismo. Mientras que el zar de la cocina, el senador demócratacristiano Andrés Zaldívar, ninguneaba la propuesta calificándola de irrelevante y cómo una forma de eliminar la religión de la sociedad, el Presidente de la Cámara, el diputado socialista Osvaldo Andrade, se refería muy seriamente acerca de su eventual falta de sentido. Si por un lado el diputado DC Fuad Chahín interpretaba que la alusión al altísimo no impone ninguna fe a nadie y la diputada Carolina Goic -de la misma tienda- calificaba como inconducente la moción de Vallejo, en otra sorprendente intervención el diputado UDI Felipe Ward consideraba como absurda y poco democrática la iniciativa. En definitiva, para gran parte de la fauna parlamentaria chilensis, discutir y reflexionar acerca del carácter laico del Estado tiene menos relevancia que hablar de agricultura marciana. Y si se trata de lo público y de laicismo, el analfabetismo republicano es prácticamente transversal.

En Chile, muchas veces la idea de lo público y de lo privado se pierde en los surrealistas imaginarios de nuestra arraigada y porfiada despolitización. Específicamente, lo público y lo privado están siendo referidos a quién pone la plata, ya sea al hablar de un establecimiento educacional o de un centro asistencial en salud. En otras palabras, la noción de lo público alude a las arcas fiscales, mientras que la esfera privada es situada en aquella iniciativa o servicio financiado por la propia billetera, por el cash individual. Lo público hace mucho tiempo dejó de referir a un proyecto colectivo de sociedad. Aún más, la noción neoliberal y despolitizada de lo público se ha expresado en la tosca idea de una suma de intereses individuales intersectadas en las fauces del mercado. Y si aquí lo colectivo es igual a la suma de las partes (y no más que la suma de ellas), es lógico que confusamente se interprete la moción de la diputada como un atentado a la libertad de credo. ¿Cómo van a comprender Zaldívar, Andrade, Chahín, Goic, Ward y otros[as] homo sapiens sapiens del Hemiciclo que las prácticas y creencias religiosas se circunscriben a la esfera privada (y no a la pública)? ¿Cómo podrán hacerlo, si en sus imaginarios lo público alude menos al interés colectivo y más a la naturaleza del financiamiento? Así las cosas, es obvio que el laicismo resulte en la Cámara de Disputados una extraña retahíla en una jerga incomprensible, a pesar de que en Chile ya en 1881 se hablaba de instituciones laicas y que en 1925 se separaba la Iglesia del Estado. 

También es lógico que en otras instancias legislativas del orbe la confusión observada en el Hemiciclo chileno provoque al menos la sonrisa compasiva de más de algún homólogo de otro país. Y esto es porque en esas otras instancias legislativas, el lugar de la religión en una república laica ha sido definido con claridad hace mucho tiempo. Un ejemplo de ello es lo que expresó en la década del setenta el entonces Presidente de Francia Válery Giscard d’Estaing (1974-1981). En una tensa conversación acerca de la despenalización del aborto que tuvo en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II, el jefe de Estado señaló de manera lúcida al pontífice: “Yo soy católico. Pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos. Como católico estoy contra el aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”. Touché.

(*) Publicado en la Revista Bufé Magazín, de Concepción - Chile.

Biopolítica de la Vida Swinger

Ilustración de Jorge Zambrano.

Enarbolando una húmeda y vanguardista pluma, la escritora francesa Anais Nin abofeteó con su “Delta de Venus”, allá por 1939, la puntillosa sensibilidad de la época. Su intensidad descarnada arrastró su exploración erótica y emotiva hacia los imbricados recovecos del incesto y del encuentro íntimo con hombres, mujeres y parejas. Transgrediendo los cánones heteronormativos y judeocristianos, su itinerario vital hilvanó lo que lentamente dio a lugar a un indeleble pacto entre la propia vida y la combustión erótica de su obra, entre la urgencia de la vivencia y la osadía con que observó el universo de su corporalidad y de toda frágil libertad.  “El erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía” –sentenció abiertamente, rozando en retrospectiva las huellas mnémicas de aquello que en otros despertaría la necesidad apremiante de la reserva o el erosivo temor a la sanción social.

Era cosa de tiempo. Después de casi tres meses de intentos por concertar una entrevista con parejas que han extendido su experiencia sexual al tándem erótico con pares, sus testimonios revelaron una paradójica libertad. Profesionales o con trabajos en una amplia gama de producción y venta de servicios, dedicados[as] a la maternidad y paternidad, además de concentrarse en el bienestar de sus parejas, sus vidas no difieren de los altibajos que padece y goza cualquier mortal de este planeta. Provenientes de diversos sectores sociales y con una diversidad de apariencias corporales, las parejas swingers parecen practicar una suerte de democracia socioerótica que no vulnera ese contrato tácito ligado a la fidelidad afectiva. Se trata de una relativización de la exclusividad  sexual, que se caracteriza por la permisividad del contacto íntimo –simultáneo o sucesivo- con otras personas, bajo el consentimiento explícito de la pareja.

El relato de Paula [los nombres han sido cambiados], de 44 años de edad y con casi una década de encuentros swingers, devela una ruptura con las concepciones de pareja heteronormativas y patriarcales. Sus contactos sexuales en fiestas con otras mujeres y hombres son valorados como un acto orientado a buscar, no sólo el propio placer, sino que también el máximo deleite sexual de la pareja. Ahora bien, si las fiestas grupales donde se fraterniza sexualmente sugieren el quiebre del tradicional imperativo monogámico, también es cierto que esa aparente libertad sexual es ejercida sin obviar una dimensión intransferible que imponen a la fidelidad: se ama sólo a la pareja. Francisca (37), otra entrevistada, revela que esta regla es transversal dentro de la ética swinger. Nada transcurre tras bambalinas; el despliegue de contactos sexuales, por múltiples que sean en un solo evento, deviene con el inequívoco conocimiento y la aprobación de la pareja. Un encuentro sexual sin aviso puede generar una crisis conyugal, así como aquellas expresiones de afecto con otras personas que denoten algo más que el solo deleite de la corporalidad compartida. 

Desde una perspectiva foucaultiana, las prácticas swingers no están exentas de su ubicación en los ámbitos del poder, del control y de la vigilancia. Y no sólo respecto de la sociedad, sino que también al interior de los mismos espacios de intercambio de experiencias sexuales. En otras palabras, se rigen bajo otros dispositivos biopolíticos que regulan la expresión de la sexualidad, del género y los deseos. Del mismo modo, no consistirían en prácticas que destruyen las concepciones de relación de pareja, de fidelidad y de la sexualidad. Al contrario, se erigirían como una expresión socioafectiva que resignifica todo eso, dependiendo de los espacios de aceptación o rechazo establecidos por la sociedad, así como por las otras parejas o individuos swingers.

Por otra parte, esta resignificación conduciría a un replanteamiento de la heterocentralidad y del machismo. Fernando (52), profesional del marketing, refiere que para un hombre es mucho más difícil adaptar su estructura valórica a la experiencia swinger de su pareja-mujer. Romper con el arraigado habitus cultural, que establece un dominio exclusivo del hombre sobre el cuerpo y la sexualidad de “su” mujer, se experimentaría como una transformación mayúscula del propio sistema de valores y de creencias. Para Fernando fue alcanzar un nivel de transparencia y de honestidad que define como “brutales”, donde el sentido de propiedad sobre el cuerpo de su pareja dio a lugar a la desapropiación y a su focalización en la fidelidad afectiva.

Así como la revelación literaria de la vida erótica de Anais Nin irrumpió con estruendo en la aparente solidez moral de la época, actualmente la práctica swinger se ha erigido en las redes y espacios sociales como una concepción más sobre la propia sexualidad, que ha ido transformado las nociones heteronormativas y patriarcales de relación entre cuerpo y afecto. Quizás sin concebirlo, aquellas personas que la ejercen han modificado la biopolítica de la sexualidad, con relación al entorno social. En una sociedad patriarcal, donde la sexualidad se erige –bajo una óptica foucaultiana- como un campo de batalla donde se establecen sobredeterminaciones y dominaciones, también surgirían resistencias, negociaciones y extensiones de límites. Al transgredir las normas heteronormativas y patriarcales y al ser susceptibles del rechazo social, los individuos y parejas swingers transformarían en un proceso político su identidad y sus concepciones eróticas y sexuales.

Así como las nociones predominantes acerca de la sexualidad establecen las posibilidades del cuerpo, aquí el control y la vigilancia de la sexualidad administran lo más profundo de la vida humana y de las relaciones sociales. De esa tensión entre dominación y resistencia, surgen las transformaciones referidas a la vivencia y expresión de la propia sexualidad, sus vectores, su estructura valórica y su poder político transformador. Mirada de esta manera, la práctica swinger no se trataría de una vida de descontrol y de libertinaje sexual, sino que de un pacto político diferente sobre la administración de los cuerpos, de la afectividad y de la experiencia sexual. Al fin y al cabo, se trata de una variante biopolítica que en ciertos espacios porfía por su vigencia, aunque Anais Nin y Michel Foucault retocen -tras sus muertes- en las inciertas dimensiones de la incorporeidad.

(*) Columna preparada para la Revista Bufé. Concepción, Chile.

Lecciones de Trivialidad Chilena: Pobreza, sociedad de explotación y trifulca twittera

Ilustración de Jorge Zambrano

Los angloparlantes le llaman “argument”, mientras que como modismo chileno se habla de “mocha” o “agarrarse del moño”, pero esta vez sin recurrir a los puñetazos. Es que la discusión twittera entre Axel Kaiser y Mario Waissbluth acaecida en enero de 2016, connota algo más que el festín que hicieron algunos medios de comunicación y las redes sociales con el ping-pong de declaraciones. No pocos tomaron palco ante la antigua -pero aún vigente- trifulca que surge cuando dos paradigmas contrarios se enfrentan en el debate sobre la legitimidad de los derechos sociales. Desde una posición crítica contra la igualdad, Kaiser le señalaba al líder de Educación 2020 que los derechos sociales son un mito y que, en el fondo, se trata de una apropiación injusta del dinero de otro[a]. Waissbluth, ofuscado, atribuía al autodenominado “austrolibertario” una vida en una eventual burbuja socioeconómica, desde la cual desconocería la realidad de millones de chilenas y chilenos en situación de pobreza o insuficiencia económica. O sea, alguien que no entiende o que no sabe sobre las condiciones precarias de subsistencia, ni por qué se producen. Mientras Kaiser insiste en que el gasto social debe ser focalizado en los[as] más pobres, Waissbluth parecía adherir más a la progresiva universalización del gasto, en un contexto de garantía de los derechos sociales.

Más allá de este round virtual, una pregunta relevante es si la pobreza se debe a un déficit de capacidades, libertades y actitudes individuales o si es, principalmente, un problema de relaciones económico-políticas. Y, al parecer, la institucionalidad pública y la clase política chilena han obviado esta pregunta, evitando con ello enfrentar la crueldad estructural del modelo de desarrollo chileno. Porque en el debate acerca de la pobreza no es trivial adherir a la focalización o la universalización del gasto, a la erradicación o al establecimiento de los derechos sociales. Desde un punto de vista, la pobreza de unos[as] no se relacionaría causalmente con la riqueza de los[as] otros[as], reduciéndose la primera cuando se destina más dinero sólo a los[as] pobres, con la expectativa de que dejen de serlo. Desde otra posición, el empobrecimiento de una parte de la población sí es resultado -directa e indirectamente- del buen pasar económico de otro sector (que en Chile es minoritario), y disminuiría al transformar estructuralmente las relaciones entre los individuos y de éstos con las instituciones.

Durante décadas, la institucionalidad ha medido la pobreza estableciendo límites de ingresos -según el número de habitantes por hogar- que rompen toda lógica de supervivencia o de bienestar. Como ejemplo, en el 2013, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) señalaba $91.274 como el límite de ingresos mensuales para una persona en extrema pobreza; es decir, con un peso más un solo individuo sería capaz de satisfacer todas sus necesidades alimentarias durante un mes. También para una sola persona, el MDS señalaba $136.911 como línea de la pobreza (no extrema), es decir, el mínimo de ingresos mensuales para satisfacer todas las necesidades básicas. En otras palabras, con un ingreso mensual superior a esa cifra un individuo dejaría de ser pobre. Desde esta perspectiva, millones de chilenas y chilenos que superan -al menos en un peso- esos límites establecidos por la institucionalidad, no serían destinatarios[as] de parte de las ayudas sociales, que en Chile operan como si fueran vouchers.

El neoliberalismo chileno ha naturalizado la focalización del gasto social, transformando al Estado en una sistema subsidiario de aquellos[as] con insuficiencia económica para participar de las dinámicas de los mercados. Sin embargo, es de perogrullo que nadie del MDS o de Chile puede tener una vida digna con esos ingresos. Analizando la Encuesta CASEN 2013, Sonia Salvo (2015) y su equipo de investigadores de la Universidad de La Frontera, realizaron un estudio sobre pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, esta última referida a doce carencias distribuidas en igual número en las dimensiones de vivienda, salud, educación y trabajo. Si se toma como ejemplo la Región de La Araucanía (una de las regiones evaluadas como más pobres de Chile), los resultados son alarmantes. Mientras la institucionalidad declaraba que la pobreza (no extrema) alcanzaba un 27,9%, el estudio de Salvo et. al. señalaba que, dejando sólo el ingreso por trabajo, la cifra aumentaba a un 54,2%. Del total de ocupados[as], un 33,8% estaría en situación de pobreza (no extrema); es decir, aunque trabajen, no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Aún más, si se cruzaban los datos de ingresos con las cuatro dimensiones de pobreza multidimensional, el déficit de bienestar de las personas bordeaba el 80% de la población regional.

En el 2016, la misma investigadora analizó la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI 2014), del INE, ante el anuncio del gobierno de un promedio de ingresos en Chile de $481.071. La dura crítica de Salvo refirió a que no se puede anunciar un ingreso promedio en uno de los países más desiguales del mundo. En otras palabras, se trata de un Chile donde la variabilidad de ingresos oscila entre los $2.000 y $24.993.312 mensuales y donde, además, el 70,5% de la población percibe menos del promedio de ingresos anunciado por la institucionalidad. En esas condiciones ¿cómo viven, entonces, la mayoría de las chilenas y chilenos? Endeudándose; es decir, articulándose con el sistema crediticio o financiero. En tal sentido, no es menor que en el 2013 Global Wealth Report haya señalado que la deuda per cápita de Chile era la más elevada de Latinoamérica.

Esto lleva a plantear que el despojo del valor del trabajo de una mayoría de la población -por parte de unos pocos individuos- es la forma generalizada de relación social en Chile. Y, no sólo estableciendo bajos salarios, sino que erigiendo la vía crediticia casi como la principal manera de supervivencia o de enfrentar los onerosos costos de vida. Ante la crudeza de esto, el argument twittero entre Kaiser y Waissbluth se diluye frente a cómo se estructuran y se consolidan, en la sociedad chilena, violentas y cotidianas relaciones de dominación y explotación económico-política. Y ambos, aunque expulsen espuma por la boca y festinen las redes sociales, saben perfectamente que dimensionar el tamaño de esta tragedia no es posible de realizar en los 140 caracteres que permite el confortable cuadrilátero de un tweet.

(*) Publicado en la sección Bufé, en la versión impresa del periódico El Ciudadano, Mayo 2016.

La Revolución Cervecera: Una revolución gramsciana

Ilustración de Jorge Zambrano

Puede parecer pretencioso. La idea de trabajar el lúpulo, dar a luz un sabroso, frío y espumoso brebaje y, mediante ello, transformar radicalmente el orden de las cosas, desliza un cierto aire de ingenuo optimismo. Porque las revoluciones siempre han connotado un remezón que transforma las estructuras y relaciones sociales, dejando por doquier a seres humanos abatidos y a otros triunfantes. El sudor de la conquista y la tragedia de la derrota, nunca habían sido significativamente extrapoladas –en el sur de Chile- a una pretensión revolucionaria, surgida a partir de unos burbujeantes vasos de cerveza artesanal. Importada desde Estados Unidos, Europa y de algunos países latinoamericanos, la intención revolucionaria permeó las cosmovisiones de los productores locales en la Región de La Araucanía. Y les otorgó un sentido compartido a sus labores de creación, erigiendo esta bebida artesanal como símbolo de una nueva forma de producir y consumir cerveza.

Si se piensa que el concepto de “Revolución Cervecera” puede exhalar algún perfume marxista, lo recomendable es despejarse la nariz. Los alquimistas de este brebaje sin pasteurizar, han puesto su mirada en los cambios culturales asociados a la producción y al consumo de calidad. Marx podría oír con desconfianza esta afirmación. Pero, el aroma es ineludiblemente reconocible en las amargas líneas gramscianas, que expelen con nitidez la necesaria búsqueda de hegemonía cultural. Antonio Gramsci anclaba su idea de hegemonía en la capacidad de generar un “consenso espóntáneo” en la vida social de la población. Y aunque el intelectual italiano atribuía esa capacidad a un sector o grupo dominante, los revolucionarios de la cerveza –desde el Wallmapu- apuestan a una variación. La hegemonía que refieren es concebida, no desde una posición de poder, sino que desde una horizontalidad destinada a introducir en la cultura social otra forma de producir y de consumir la “chela”.

¿De qué revolución hablarían estos guerrilleros de la faena artesanal? Al reunirme con cuatro productores de cerveza artesanal de Temuco, esperaba encontrarme con sus miradas afiladas puestas en los monopolios; es decir, en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) y en Cervecería Chile, los dos Goliath que controlan casi todo el mercado cervecero del país. Las asimetrías en un mercado nacional de la cerveza colmado por la producción industrializada, hacían pensar en un grupo de partisanos de la fórmula artesanal timoneando unos frágiles barcos, frente a dos imponentes buques de guerra. Uno a uno fueron arribando al lugar de reunión, después de un día de arduo trabajo. Rodrigo Leiva (BIRREL), Camilo Klein (KLEIN), Duberli Fernández y Leonardo Miranda (CASSUNI), destaparon sus botellas de vidrios mientras se acomodaban en los sillones. Al observarlos, no parecían precarias embarcaciones lidiando con el furioso oleaje del océano, sino que cuatro confiados barcos que se desplazaban hacia puerto seguro.

En la Región de La Araucanía, la revolución cervecera es un movimiento de productores de cerveza artesanal que han adoptado, como instrumentos estratégicos, el asociativismo, el encuentro con otros productores del mundo y la exposición de sus brebajes en diferentes ferias regionales, nacionales e internacionales. Les pregunto directamente qué ocurre con la producción de cerveza artesanal frente a la CCU y Cervecería Chile; si sienten el fragor de la presión monopólica, en términos de intentar desplazarlos del mercado de consumidores. Imagino que la interrogante desatará todo un relato anticapitalista, de reivindicación de los productores cerveceros pequeños, de una lucha desigual entre aquellos que concentran el gran capital y aquellos que, a pulso y con una rentabilidad mucho menor, levantan alternativas de consumo y de deleite. Los veo mirarse entre ellos y, para mi sorpresa, se encogen de hombros: “ellos tienen sus mercados, nosotros los nuestros. No nos topamos. Hacer cerveza artesanal no es un mal negocio, es más, es también un desafío que nos apasiona”.

La respuesta no satisface. Muchas revolucionarias y revolucionarios del mundo han sobrellevado con una pasión inusitada sus luchas contra poderes fácticos muy poderosos. Gramnsci sobrellevó con pasión inclaudicable los diez años de cárcel a los que se vio sometido por la dictadura fascista italiana. Entonces ¿cuál es el carácter revolucionario de esa pasión que los inspira? ¿Qué hace que la revolución cervecera tome prestado el término “revolución”? Los miro cómodos mientras saborean sus cervezas y la pregunta. Señalan que son independientes, que no son asalariados, ni apatronados; que ellos mismos se encargan de la producción y distribución, en bares y en pequeños negocios locales. En otras palabras, son el capital y el trabajo entrecruzados en una misma persona, donde nadie (todavía) se apropia del valor del trabajo del otro. Pareciera un proto-capitalismo o un pre-capitalismo, ya que la exigencia de un mayor volumen de producción, que llevaría a instituir el trabajo asalariado dentro de sus relaciones de producción, aún no ha colonizado a sus pequeñas plantas de alquimia cervecera.

Los miro abrir otras botellas y distenderse un poco más. El eventual temor frente a los dos monopolios nacionales, perece ser un exótico prejuicio forjado en el desmesurado oleaje de mi imaginación. Sin embargo, los comensales rompen el silencio para arrojar en la mesa otra disquisición. Saben que no pueden competir en las cadenas de supermercados frente a la industria nacional, donde una cerveza Escudo o una Budweiser tiene un valor comercial inferior a la de una botella de cerveza artesanal. Además, tácitamente estos gigantes sugieren al retail “privilegiar” la venta de sus propios productos. Por eso los bares y los pequeños negocios son el destino predilecto de la cerveza artesanal, acordes a sus niveles de producción. Lo que ven con preocupación, es la introducción inminente -en el mercado nacional- de los grandes conglomerados transnacionales, los cuales podrían afectar, no sólo sus pequeñas cadenas de distribución, sino que también pondrían a prueba la resistencia telúrica de ambos monopolios nacionales.

Sin mercados que se intersecten, sin batallas antimonopólicas, pareciera que la revolución ocurre plácidamente en inmutables y poco concurridas plantas de producción artesanal. Pero, rápidamente refutan esa afirmación. Transformar -individual y colectivamente- la cultura de la producción, es decir, centrar el esfuerzo en la calidad del proceso productivo, surge como meta compartida por este variopinto grupo de cerveceros. Mejor calidad en la producción significa para ellos mejor calidad de la cerveza y, con ello, más posibilidades de permear el gusto de las consumidoras y consumidores. Se trata, entonces, de alcanzar el paladar de la persona que bebe con una cerveza de gran calidad, con el fin de transformar la cultura y las preferencias de consumo. La CCU y Cervecerías Chile pueden continuar atiborrando las góndolas de los supermercados con su bebida pasteurizada. Sin embargo, el eje de la sustentabilidad de la producción de cerveza artesanal, es visualizado en el vínculo virtuoso entre la producción del brebaje y su destino final en los labios de la concurrencia local. La revolución en torno a la cerveza es concebida, entonces, como una paulatina transformación cultural.

  

Revolucionarios o no revolucionarios, los productores de cerveza artesanal del Wallmapu han sido reconocidos por su ímpetu asociativo y por sus metas de calidad. Pero, no se le puede exigir a ellos la responsabilidad de que sus procesos de producción y distribución irrumpan con una verdadera impronta revolucionaria. Tal como dice Víctor Hugo, en su obra El Noventa y Tres, “imputar la revolución a los hombres es echarle la culpa de las mareas a las olas”. Es que la producción de cerveza artesanal en La Araucanía, golpea quizás como aquel oleaje enfrentado a las afiladas rocas del status quo de la cultura local y regional. Pero, hasta la geología más pura reconoce que, con el paso del tiempo, la persistencia de las olas va modificando hasta la más indomable estructura rocosa. Saben que, aunque el proceso de cambio cultural puede ser paulatino e incluso transgeneracional, no deja de ser relevante la intención de transformar las formas establecidas de producción y de consumo, generando una nueva identidad cultural.

La trágica vida y el legado de Gramsci, en este sentido, nos deja lecciones de envergadura. La capacidad de transformar -paulatina y progresivamente- las pautas de consumo y de producción de la población, es testimonio de una acción política con claras intenciones hegemónicas. E independiente de que los cerveceros artesanales se sustraigan de la verticalidad que supone la concepción gramsciana, la influencia cultural como meta estratégica los conduce a los salones de las transformaciones sociales, al menos en el nivel local. Levantar la producción artesanal ha implicado un gran esfuerzo para la fuerza cervecera. Sin embargo, con la persistencia el deleite vendrá después. Al fin y al cabo, la Revolución Cervecera está comenzando a cambiar las pautas culturales de una población, que verá en el consumo artesanal una experiencia de placer sensorial y mental. Bienvenida, entonces, la Revolución Cervecera, esa suerte de revolución gramsciana o de metamorfosis cultural.

(*) Publicado en Bufé, suplemento de cultura de la versión impresa de El Ciudadano (distribuido en todo Chile).

La Transparencia en Chile y la Ley del Voto Exterior: Lecciones de Gastronomía Política

En coautoría con Alberto Mayol (sociólogo) y Gustavo Fuentes (abogado). Publicado en Biobiochile.cl

“Hay que impedir que la política se convierta en el arte de evitar que la gente participe en aquello que le concierne directamente”. Paul Valéry - Escritor y filósofo francés.

Algunas escuelas técnicas parisinas de alta cocina realizan sus sesiones prácticas para estudiantes avanzados, en salones habilitados contiguos a la calle. A través de grandes ventanales, los transeúntes pueden ver el despliegue gourmet de jóvenes encajados en blancos uniformes, cortando verduras y carnes, sazonando las preparaciones o revolviendo su contenido vaporoso en grandes cacerolas. En ocasiones, la gente detiene su marcha y observa embelesada, imaginando aquello que más adelante podría maravillar su vista, su olfato y, por sobre todo, su paladar. Agudizando la mirada, quizás alguien puede entrever un bocado de aperitivo, un humeante caldo o una exquisita pieza de postre. Sin embargo, la receta o la composición de aquello que se volcará en los platos, deviene en la forma de un enigma gastronómico sólo revelado para el que cocina. Si por azar alguien prueba un bocado de todo aquello en las decoradas locaciones de algún restaurant, sabe que el plato servido es “hecho consumado”. No podrá descifrar el misterio de su preparación, deshacer el proceso de cocción, reproducir con exactitud la liturgia de sus aderezos o contemplar los ingredientes en su estado original. En definitiva, sabe que su lugar está situado en el lado externo de la vitrina y que los contenidos de la receta, de toda esa alquimia culinaria, son exclusivos para aquellos que se encuentran fraguando al otro lado del ventanal.

La metáfora de la “cocina” constituye una denominación genérica para designar una práctica generalizada de la clase política. Invocando siempre al bien común, los proyectos de ley y sus itinerarios legislativos muchas veces “son cocinados” a resguardo del escrutinio de la opinión ciudadana, para luego ser “servidos” en las comisiones y sesiones de sala del Congreso Nacional. El Chef podrá salir a la calle y preguntar a algunos transeúntes sobre sus preferencias gastronómicas. A ello llamará exultante “participación ciudadana”. Pero, evitará a toda costa que las preparaciones sean degustadas previamente, es decir, antes de que el plato sea servido sobre la mantelería del primer trámite legislativo. Y, por supuesto, el acceso posterior de los comensales al uso y goce de los platos, dependerá de su capacidad de acceso a ellos, es decir, de su dinero. Esto, que se cumplió para las reformas hechas hasta ahora y que nos lo recordó con exultante cinismo Andrés Zaldívar, se parece constituir en un modus operandi cuyas reglas no parecen modificarse, salvo esfuerzos de maquillaje. Vale esto si hablamos de nueva Constitución o si se trata de la ley de voto en el exterior.

El aperitivo: el bloqueo de la participación ciudadana

En la actualidad, el Gobierno se encuentra ad-portas de ingresar al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que regulará el ejercicio del derecho a sufragio desde el exterior. Sin embargo, las organizaciones ciudadanas del exterior aún observan desde afuera cómo el Ejecutivo prepara a puertas cerradas uno de los platos más importantes del menú. En cierto sentido, la historia no es desconocida para estas organizaciones ciudadanas. Ellas ya “pagaron el noviciado” en el proceso legislativo que culminó con una reforma constitucional (Ley N° 20.748) que estableció en el mismo texto constitucional el tipo de elección en el que se podría participar. Específicamente, limitó el derecho a sufragio a las elecciones presidenciales, plebiscitos y primarias nacionales, dejando fuera cualquier otro tipo de acto electoral, como -por ejemplo- las elecciones parlamentarias.

Acogiendo la posición de las organizaciones chilenas del extranjero, durante el proceso legislativo de la reforma constitucional (aprobada en el 2014), el Diputado Giorgio Jackson presentó una indicación en la cual proponía que el tipo de elección no quedase establecido en la Constitución Política de la República, sino que en la Ley que regulase el derecho a sufragio desde el exterior. La lógica de la indicación era evidente, en términos de estándares de derechos políticos y ciudadanos, porque además evidenciaba una paradoja. Si una cuestionada Constitución pinochetista establecía el derecho a sufragio en todo tipo de elecciones, la reforma constitucional promovida por la Nueva Mayoría reducía la participación ciudadana a tres tipos de eventos electorales. Es decir, la versión del proyecto de reforma que promulgó la Presidenta terminó estableciendo la exclusión política en el mismo texto constitucional.

Con relación al voto chileno en el exterior, nuevamente la historia se repite. El texto preparatorio del Proyecto de Ley que regulará el voto chileno en el exterior es desconocido por la ciudadanía, a pesar de que ha solicitado al Ejecutivo -vía Ley de Transparencia- acceder a sus contenidos, antes de que sean presentados al Congreso. Debido a la experiencia acumulada durante la tramitación de la citada reforma constitucional, es posible plantear que -una vez ingresado en el Congreso- las posibilidades de modificar los contenidos del Proyecto de Ley son remotas o marginales. Sabemos que tanto el texto de ley, como las indicaciones de modificación de contenido que serán consideradas durante su tramitación, son definidas con anterioridad a su presentación. Del mismo modo, las posibilidades de apoyo y rechazo en la votación legislativa son sondeadas y acordadas también con anticipación. En tal sentido, el texto de ley se vuelve irreductible a la influencia ciudadana durante su tramitación, debido a que sobre sus contenidos pesan los acuerdos previos de votación legislativa. Es decir, la ley está “cocinada”.

Quizás el Ejecutivo crea conveniente que las cocinas de Palacio continúen operando a puertas cerradas y que a la ciudadanía, una vez el plato servido, no le quede más que comer y callar. Sin embargo, también es un error estratégico no reconocer que, en términos de participación política, la ciudadanía hace tiempo está cambiando sus hábitos alimenticios. No sólo ha ido adquiriendo un sofisticado conocimiento gastronómico, sino que también se ha ido convenciendo de que la riqueza de su contribución trasciende el despolitizado rol de un comensal. Aún más, la ciudadanía ha reconocido en la Ley de Transparencia un recurso garantizado para acceder a información de relevancia pública y ponerla formalmente a disposición de la comunidad. En tal sentido, la ciudadanía organizada tiene la convicción de que la Ley de Transparencia evita la primacía de relaciones informales de privilegio, en términos de lobby y de compartimentación de información que es de relevancia ciudadana. El uso de este instrumento jurídico por parte de la ciudadanía contribuye, entonces, a la transparencia con que debe realizarse el flujo de información proveniente de la institucionalidad pública.

El plato principal: el uso de la Ley de Transparencia

Con fecha 25/08/2014, la Ministra Sra. Ximena Rincón anunció en Neuquén – Argentina, que el “borrador [de la Ley] estaba listo” (el anteproyecto de la ley que regulará el voto exterior). Ante este anuncio, el 26/08/2014 la campaña ciudadana “Haz tu Voto Volar” (en adelante, HTVV) solicitó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia –vía Ley de Transparencia- información respecto del “Anteproyecto de Ley” que regulará el ejercicio del derecho de voto chileno en el exterior (Folio N° AF001W-0000704). El Gobierno ya había realizado encuestas y encuentros con algunas comunidades chilenas en el exterior (denominados “Diálogos Participativos”), con la idea de recoger sus inquietudes, opiniones y demandas. Sin embargo, las organizaciones convocadas no tenían conocimiento alguno respecto de los contenidos del texto de ley. En cierto sentido, el criterio de “participación ciudadana” utilizado por el Gobierno consistió, más que nada, en recolectar información.

La ciudadanía ha sido testigo de cómo la derecha chilena en el Congreso (especialmente, la UDI), durante las últimas dos décadas ha intentado condicionar, sistemáticamente y de modo censitario, el voto chileno en el exterior. Por ello, en el mismo requerimiento HTVV solicitaba, además, acceder a los contenidos del “protocolo de acuerdo” suscrito -en la antesala de la aprobación de la reforma constitucional- entre la Ministra del ramo y parlamentarios de oposición. No es desconocido que la inscripción y el voto presencial en consulados y embajadas, son condiciones señaladas por personeros de la derecha para otorgar su apoyo legislativo al futuro Proyecto de Ley. Y no parecen advertir el carácter censitario de muchas de estas condiciones. La ciudadanía en el exterior presenta como determinantes de participación una diversidad de factores geográficos, económicos, laborales, etarios y de salud. Si una Ley establece la inscripción y el voto presencial en consulados y embajadas, estos factores afectarán gravemente su participación. Asimismo, si se mantienen estas condiciones censitarias en el texto de ley, se vulneraría directamente el principio de igualdad ante la ley.

En definitiva, la finalidad de la solicitud de HTVV al MINSEGPRES -vía Ley de Transparencia- era lograr que los contenidos del “protocolo de acuerdo” y del “anteproyecto” fuesen conocidos por la ciudadanía, antes del ingreso del Proyecto de Ley al Congreso. Sin embargo, el 25/09/2014 la solicitud fue denegada por la Sra. Subsecretaria del ramo (Ord. [D.J.L] N° 1762). Sin negar en su oficio la existencia del anteproyecto o “borrador” (según las palabras de la Ministra del ramo), la autoridad recurrió a una causal de reserva. Argumentando que el conocimiento público previo de los contenidos del texto de ley podría afectar el debido funcionamiento del órgano requerido, se acogía a privilegio deliberativo. Este recurso es justificado por la Sra. Subsecretaria, señalando que la divulgación de la información podría traer confusión al ciudadano, entre otras razones. Debido a la negativa, con fecha 01/10/2014, HTVV presentó un recurso de Amparo por Denegación de Información (Causa Rol C-2121-14) ante el Consejo para la Transparencia (en adelante, CPLT), insistiendo en la legitimidad de la solicitud. Sin embargo, con fecha 22/10/2014, mediante Ord. [D.J.L] N° 1931, la Sra. Subsecretaria contestó traslado al CPLT, presentando sus descargos al recurso de amparo de HTVV y reiterando su denegación.

No es de extrañar que la metáfora de la “cocina” haya permeado todas las áreas de la actividad política institucional. Tanto los descargos en la segunda respuesta de la propia Subsecretaria, como el último escrito (“Téngase Presente”) presentado el 10/03/2015 por HTTV ante el CPLT, representan un claro ejemplo de obstrucción del intento de la ciudadanía por formalizar los flujos de información con la autoridad política. En este caso en particular, resulta un contrasentido que la  autoridad de gobierno desincentive la utilización del principal recurso que provee la propia institucionalidad, para que la ciudadanía acceda a información de relevancia pública.

Tanto la Subsecretaría como el MINSEGPRES no han comprendido que este litigio ante el CPLT trasciende su connotación estrictamente jurídica. En lugar de valorar políticamente el uso ciudadano de la Ley de Transparencia y de sentarse a debatir en una espléndida sobremesa, visualizan en la solicitud el fantasma de la amenaza. Pues bien, aquí no hay ciudadanía confundida, ni peligro para el debido funcionamiento institucional. La reiterada denegación de la Subsecretaría se funda en razones eminentemente políticas: el resguardo de un acuerdo de apoyo legislativo con la oposición, el cual incluye en el Proyecto de Ley el establecimiento de condiciones censitarias de participación electoral, para la ciudadanía chilena del exterior.

La sobremesa: La cocina en solitario como error político

La relevancia del caso se puede sintetizar en seis ideas matrices. Primero, que la solicitud de HTVV vía Ley de Transparencia no es “cualquier solicitud”. La información a la que se pretende acceder, acarreará consecuencias relevantes para un importante número de ciudadanos que viven actualmente fuera de país, con respecto a un derecho de primera generación: el derecho a voto. En la actualidad, se estima –pues no hay información oficial actualizada- que más de 800.000 chilenos viven en el extranjero, y que la mitad cumpliría con los requisitos para ejercer su derecho a sufragio. Se hace evidente, entonces, que la información requerida es de alta relevancia pública, tanto por su trascendencia social, como por el interés público que, en este caso, exige facilitar el control social de la información.

En segundo lugar, el texto jurídico –anteproyecto de ley- ha sido redactado con presupuesto público. En su artículo “la titularidad y el objeto del acceso: una visión integrada del derecho”, Viñuelas Hojas (2010) señala que la gran novedad de la Ley de Transparencia es la extensión de la publicidad de la información pública a toda aquella información que haya sido elaborada con presupuesto público (Artículo N° 5 de la citada Ley), a menos que esté sujeta a excepciones previstas en la propia Ley de Transparencia o en leyes de quórum calificado.

Tercero, con relación al punto anterior ¿La solicitud vía Ley de Transparencia de un anteproyecto de ley se encuentra sujeta a alguna excepción legal? Según la tesis de la Subsecretaria -errada a nuestro parecer- la respuesta es afirmativa, cuando cita a su favor la reserva contemplada en el artículo 21, N° 1, letra b), denominada por la doctrina como el “privilegio deliberativo de la administración”. Esto significa que los órganos públicos podrán rechazar la entrega de una determinada información cuando se afecte el debido funcionamiento del servicio requerido. Esto es, si se trata de “antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas.” Sin embargo, la solicitud de información respecto del anteproyecto de ley se fundó en una declaración realizada por la propia Ministra del ramo, quien declaró que el “borrador [de la Ley] está listo”. En otras palabras, la solicitud de HTVV con relación al anteproyecto, refiere al contenido de un documento concluido en términos de su elaboración y no a sus antecedentes previos.

En cuarto lugar, el concepto de “transparencia”, como derecho-obligación, tiene cada vez más cabida en nuestra sociedad. Una correcta combinación entre ella y la participación ciudadana informada, sólo acarreará efectos positivos que legitimarán futuros procesos y cambios exigidos por la ciudadanía. Y, al contrario de lo argumentado por la Subsecretaría, la evacuación de la información solicitada, más que confusión generará esclarecimiento en la ciudadanía. Su reiterada denegación de información, sólo constituye la pérdida de una gran oportunidad de establecer un diálogo fructífero que, además, agregará valor a la pertinencia del trabajo de las instituciones, en la fase de elaboración del Proyecto de Ley.

Quinto, las organizaciones chilenas del exterior han comenzado a comprender que la denegación de información por parte de la Subsecretaría tiene como objetivo político mantener en reserva los contenidos de la Ley a tramitar, con el fin de que se hagan públicos solamente cuando ingrese a su primer trámite legislativo en el Congreso. Es plausible que la negativa está orientada a resguardar el “protocolo de acuerdo” realizado con Renovación Nacional y Amplitud, cuyo contenido también la Subsecretaría se ha negado a dar a conocer. Está por verse si existe coincidencia entre los contenidos del Proyecto de Ley y las condiciones censitarias que la Oposición ha señalado en medios de prensa, en términos de confirmación o refutación de esta hipótesis.

Sexto, la solicitud de HTVV procura potenciar el interés de la ciudadanía chilena en el exterior, por participar lo más masivamente posible en las Elecciones Primarias y Presidenciales del 2017. La participación informada en la elaboración del texto legal puede reforzar la identificación ciudadana con el éxito de su tramitación legislativa y de su objetivo final: la participación electoral masiva. El compromiso ciudadano con el éxito de esta iniciativa legal, surge de la potencia psicológica de ser parte de su génesis, desarrollo y desenlace. En otras palabras, el sentimiento de coautoría es un combustible de significativa potencia, de superior calidad al experimentado frente a un proyecto con menor resonancia emotiva e implicación personal.

Aún es tiempo para que el Ejecutivo comience a reconocer que, en la actualidad, es un error político significativo querer cocinar solo. Con la Ley de Transparencia, la ciudadanía legítimamente ha llegado a golpear las puertas de la cocina y a abrir sus cerrojos, con el deseo de preparar junto a la autoridad política el mejor menú para los años venideros. Sin embargo, también es posible que el Gobierno persevere abrazando el hermetismo e imponiendo sus posiciones culinarias. En ese caso, intentará -una vez promulgada la Ley- realizar una campaña que estimule la participación electoral. Sin embargo, se encontrará con una ciudadanía que no se sentirá coautora, ni co-responsable de una normativa que, además, impondrá eventualmente condiciones difíciles y censitarias de participación.

Finalmente, las organizaciones chilenas residentes en el exterior han podido presentar sus visiones y demandas al Gobierno, el cual las ha “recolectado” como insumos (Input) de diversa utilidad. Pero, los grandes cocineros no se forman realizando encuestas gastronómicas. Eso nunca ha sido suficiente. Para ello es necesario avanzar hacia una verdadera coautoría que apuntale, con una participación masiva, la primera votación desde el exterior en la historia de Chile.

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