- Columna escrita junto al sociólogo chileno Alberto Mayol
“Tarde,
mal y nunca” solemos decir en Chile cuando algo fue realizado de
modo precario y/o sin la voluntad real de que sea ejecutado. Si las
cosas se hacen tarde y mal, es lo mismo que nunca. En esta crónica
ilustraremos sobre los antecedentes y acontecimientos que revelan que
el gobierno de Sebastián Piñera ha prometido mucho sobre el voto de
chilenos en el exterior, pero lo poco que ha hecho se hizo tarde, mal
y nunca. Tarde, porque el asunto podría ejecutarse con gran
velocidad (no se necesita la reforma constitucional de la que se
habla). Mal, porque se eligió el camino menos conducente para
viabilizar el proyecto (se podría hacer una ley a la brevedad). Y
nunca, porque en definitiva se pretende modificar la legislación
poniendo restricciones y manteniendo los absurdos sesgos contra los
chilenos que habitan fuera de nuestra frontera (sólo se está
abriendo la puerta para la elección presidencial, plebiscitos
nacionales y, eventualmente, elecciones primarias). La descripción
que hacemos tiene dos dimensiones: argumentamos en el marco de la
discusión para la resolución política y legal de este problema, al
tiempo que describiremos las operaciones políticas que han estado en
juego para evitar que el voto de chilenos en el exterior sea viable
o, al menos, para obstaculizar el ritmo natural de los
acontecimientos y la racionalidad mínima. Agradecemos que para esta
crónica muchos chilenos, en Chile y en el exterior, con altos grados
de conocimiento en los temas técnicos en juego, nos hayan apoyado
para la elaboración del documento.
Sobre
las promesas, el engaño y la simplicidad legal del voto en el
exterior
La
política exige que la incompetencia y la falta de voluntad se vistan
con otras ropas para resultar tolerables. La impostura y la mentira
son, entonces, buenas compañeras. En el Siglo XIX,
el escritor e historiador francés Prosper Mérimée señaló que
“toda mentira de
importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída”.
En el campo de la política,
esta consideración puede tener una relevancia central, especialmente
si se trata de una promesa política. En ocasiones, una promesa
incumplida puede constituir el desenlace poco feliz de un objetivo
proclamado, pero que ha sido frustrado por el inexorable peso de las
circunstancias. Otras veces, ésta representa la expresión velada o
el disfraz que encubre una mentira deliberadamente formulada,
especialmente cuando se tiene la creencia de que “parecer” genera
más réditos políticos que “ser”. La historia política chilena
ha estado plagada de promesas de campaña, muchas de las cuales han
despertado grandes expectativas entre la ciudadanía. Algunas han
sido esgrimidas representando el genuino anhelo de mejorar,
perfeccionar o transformar un determinado orden social. Sin embargo,
una promesa política es, al fin y al cabo, sólo una promesa. Es
decir, es la pretensión de un futuro potencial que -declarado en el
presente- es capaz de cautivar al electorado, el cual hipoteca el
sueño de su realización a la voluntad política de aquel que
promete.
El
ejercicio del derecho a voto desde el exterior fue una de las
promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera. En
innumerables ocasiones ha declarado ser partidario de que cientos de
miles de chilenas y chilenos puedan sufragar en los países en que
residen. Y aunque esta declaración de intenciones sea valorable, con
ello el Presidente no hace más que aludir a un propósito
obligatorio, que es el de respetar la Constitución. Más aún si se
trata de un derecho constitucional que está siendo vulnerado
sistemáticamente por la institucionalidad política chilena. Por
tanto, su adhesión u oposición personal al voto exterior puede
tener valor en el campo de la retórica y de la voluntad política,
pero no en el terreno de las obligaciones exigidas para su cargo. Él
debe hacer cumplir la Constitución, pues incluso ésta carta
fundamental que tenemos, con todos sus defectos, favorece el voto de
los chilenos en el extranjero.
Sin
embargo, esto último es pasado por alto y tolerado por gran parte de
la clase política, primando los recursos del discurso y de la
voluntad personal. El presidente Piñera sabe (y todos lo saben) que
se está violando un derecho al no destrabar el ejercicio del derecho
a sufragio en el exterior. Sabe que se vulnera la igualdad ante ley,
reconocida como derecho individual y principio en el artículo 19 N°2
de la Constitución. La misma Carta Fundamental, en su Artículo 13,
Inciso 2, reconoce como ciudadanos a los chilenos, sea que vivan
dentro o fuera del territorio nacional. Específicamente, establece
que “son ciudadanos los
chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan
sido condenados a pena aflictiva”.
¿Está enterado el Presidente de que ninguna de estas condiciones
tienen algo que ver con residir en el país o en el extranjero? Por
supuesto que sí. Sabe que la Constitución asigna la titularidad del
derecho a sufragio a todo aquel que cumple con estos requisitos.
Los
derechos civiles exigen un rol activo del Estado, para que éstos
puedan ejercerse con igualdad. Un Estado que se abstiene de actuar
cuando hay un grupo de ciudadanos impedido de ejercer sus derechos,
es un Estado cómplice en la vulneración de éstos. La ausencia de
implementación del voto exterior confiere al Estado de Chile la
calidad de vulnerador de derechos políticos y ciudadanos.
Desde
esta perspectiva, la omisión del Presidente Piñera es grave, además
de poner de manifiesto su falta de sinceridad ¿Por qué el
presidente Piñera, a pesar de declararse partidario del voto
exterior, no ha concretado su promesa presidencial, refrendada en
cuatro cuentas públicas del 21 de mayo y en programas radiales y
televisivos? Simplemente, porque nunca ha querido que se concrete y
porque hará todo lo posible para que no ocurra. Bajo el alero de
argumentos aparentemente jurídicos y pretendiendo confundir a la
opinión pública, el Presidente ha insistido en que “quiere, pero
que no puede”, cuando la verdadera ecuación política es inversa:
“Puede, pero no quiere”. Su adhesión al voto exterior constituye
una mentira articulada, formulada con la creencia de que mentir
(sobre su adhesión) minimizará los costos políticos resultantes
del incumplimiento de su promesa. Para ello, el presidente Piñera y
la Alianza han emprendido cuatro operaciones políticas con ropaje
jurídico, destinadas -por acción u omisión- a obstaculizar,
postergar o restringir la implementación del voto chileno en el
exterior, al menos en este periodo presidencial.
Las
operaciones políticas de Sebastián Piñera y de la derecha contra
el voto chileno en el exterior
La
primera de estas operaciones consistió en presentar propuestas
legislativas, diseñadas deliberadamente
para que fuesen rechazadas en el Parlamento, debido a las condiciones
inaceptables -bajo el término de “vínculo”- que se consignaban
en sus textos. Se trata de iniciativas, tales como el proyecto de ley
(Boletín N° 7358-07) y el proyecto de reforma constitucional
(Boletín N° 6950-07). El Presidente exigía como vínculo la
permanencia continua o discontinua de cinco meses en Chile en los
últimos ocho años, cotizaciones previsionales en al menos tres de
los últimos cinco años y haber votado en Chile en las últimas dos
elecciones presidenciales, entre otros requisitos. Estas
condiciones discriminaban
socioeconómicamente, vulnerando explícitamente el principio
constitucional de igualdad ante la ley. Obviamente, el rechazo de la
Oposición no se hizo esperar.
La
segunda operación política fue modificar su concepto de vínculo,
declarando que sólo consistía en la inscripción en consulados y
embajadas, pero exigiendo a cambio una reforma constitucional. Como
si siguiera al pie de la letra a Prosper Mérimée, el requerimiento
de una reforma constitucional surgió como el detalle circunstancial
necesario para que la falacia fuese creída. Todos
los legisladores saben que la
reforma no es jurídicamente necesaria, dado que la Constitución
vigente reconoce como ciudadanos a los chilenos en el exterior. Pero
las normas de iniciativa exclusiva de la Constitución, los altos
quorum de aprobación requeridos para un cambio legislativo y la
sobrerrepresentación de los conservadores en el Congreso, no dejaron
paso a los parlamentarios para legislar de otra forma.
Por
ello, leyendo el juego de piernas del Presidente, senadores de
oposición (Alvear, Allende y Patricio Walker) presentaron en junio
de 2013 una reforma constitucional (Boletín N° 9004-07), con las
nuevas condiciones que éste exigía. Para un tramitación rápida y
teniendo en consideración la inminencia de las elecciones 2013, se
requiere de una indicación de urgencia de parte del Ejecutivo, para
que la Moción siga un curso de tramitación acelerado. ¿Qué ha
hecho el presidente Piñera frente a un proyecto de reforma que se
ajusta a sus requerimientos? Guardar silencio.
A
pesar de ello, el 14 de julio de 2013 fue aprobada en la Comisión de
Constitución del Senado la idea de legislar del proyecto. Sin
embargo, desde el mismo día de su aprobación comenzó la tercera
operación política. Los medios de comunicación El Mercurio, La
Tercera y La Segunda arremetieron con columnas de opinión y
editoriales, rechazando o condicionando el voto exterior. Del mismo
modo, la UDI rompió el silencio resucitando el requerimiento de
vínculo que el Presidente había desechado. Esto se hizo necesario
para soslayar una inactividad presidencial que se hacía
insostenible, pasando a la argumentación abiertamente censitaria y
discriminatoria.
Un
argumento para negar el voto exterior es que los chilenos en el
extranjero no pagan impuestos. Es tan débil ese razonamiento que no
se percatan que con ese criterio cientos de miles de estudiantes,
dueñas de casa, cesantes y jubilados que residen en Chile perderían
su ciudadanía, ya que tampoco pagan impuestos. Otro argumento
abiertamente chauvinista es que a los connacionales en el extranjero
no les afecta la vida política nacional. Este criterio desconoce
gravemente los alcances e impactos -nacionales e internacionales- que
tienen las decisiones políticas en un mundo globalizado, afectando
la vida de los chilenos que viven en el extranjero, así como de sus
familias que residen en Chile. Un tercer argumento es la condición
de ex-exiliado que presenta casi un 13% de los chilenos en el
exterior, interpelación que vulnera abiertamente la libertad de
pensamiento, condicionando la ciudadanía a la tendencia política de
las personas.
Esta
línea argumentativa ha sido enarbolada por los detractores del voto
exterior sin condiciones. La derecha chilena, que antaño defendió
el voto censitario, hoy tiene una renovada lucha. Sugiere un
sinnúmero de requerimientos discriminatorios, de índole
socioeconómica y política, que vulneran derechos fundamentales
consignados en la misma Constitución que han pretendido defender,
frente a cualquier intento de modificación. Débiles
argumentativamente, tampoco -desde el presidente Piñera, hasta sus
extensiones en la Alianza- han podido ocultar de manera eficaz su
férrea oposición al voto chileno en el exterior, al menos para las
próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
La
cuarta y última operación fue omitida por la prensa. El mismo 14 de
Julio de 2013, día en que se aprueba en la Comisión Constitución
la idea de legislar el proyecto de reforma, es ingresada en el Senado
una nueva Moción de reforma constitucional (Boletín N° 9069-07).
El nuevo texto consigna nuevamente como autores a las senadoras
Alvear y Allende, y al senador Patricio Walker (autores de la Moción
anterior), pero incluyen esta vez en la autoría a los senadores
Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN). La nueva Moción
sugiere la existencia de un acuerdo político, que pondría como
condición expresa (establecida por la Alianza y aceptada por la
Nueva mayoría) de no incluir en el texto las elecciones
parlamentarias en el ejercicio del voto exterior. Sin embargo,
independiente de que la Nueva Mayoría continúe con su tradicional
juego del “peor es nada” y que la Alianza pueda esta vez
participar de la autoría de la reforma, se pasa por alto que este
tipo de exclusión impide a cientos de miles de chilenos elegir a
aquellos que adoptarán decisiones legislativas, las cuales tienen
impacto nacional e internacional.
Se
sabe que esta reforma -jurídicamente innecesaria- tuvo como objetivo
político neutralizar la introducción de un vínculo discriminatorio
en el ejercicio del voto exterior. Sin embargo, este nuevo eventual
acuerdo genera un blindaje de rango constitucional al Poder
Legislativo, protegiéndolo de las decisiones ciudadanas sobre
quiénes legislarán en el país. Es más, si ahora la Constitución
consigna la titularidad del derecho voto a todos los ciudadanos,
residan o no en el exterior, con la última Moción este derecho
quedará restringido en el mismo texto constitucional, vulnerando
nuevamente el principio de igualdad ante la ley. En suma: buen
negocio para los legisladores; mal negocio para la ciudadanía y la
democracia.
¿Se
puede votar en las elecciones de 2013?
Sí
se puede. Lo que hay que tener en claro es que, aunque es la vía
legislativa que ha suscitado un relativo consenso político, una vez
aprobada la reforma constitucional, tampoco queda habilitado el
ejercicio del voto exterior. La reforma es la vuelta larga. Porque,
con independencia de dicha reforma, para hacer operativo el voto de
los chilenos en el exterior se requiere de una ley que adecúe las
actuales normas del Servel y aquellas que regulan el acto electoral,
a los requerimientos del sufragio efectuado desde el exterior.
Sin
embargo, el Presidente tampoco ha ingresado ningún Mensaje en este
sentido. Dicha ley, por modificar normas del estatuto de un órgano
de la administración del Estado (consulados y embajadas) y por
generar gasto público, es de iniciativa exclusiva del Presidente.
Del mismo modo, dicha ley, por modificar y exceptuar normas de Ley
Orgánica Constitucional (LOC), tendrá normas de rango de LOC,
lo cual requiere 4/7 para
su aprobación. En resumen, las “trampas” de la Constitución
(usando los términos de Fernando Atria) una vez más están al
servicio de la derecha más conservadora y antidemocrática que tiene
poder de veto sobre la mayoría.
La
posibilidad de habilitar el voto exterior para el 2013 depende de la
exclusiva voluntad política del Presidente Piñera y de su capacidad
de liderazgo frente a su coalición, además de la presión política
que pueda ejercer la Nueva Mayoría. Juegan en contra el cálculo
electoral de toda la clase política: aquí todos evitarán lidiar
con la incertidumbre asociada al eventual comportamiento electoral de
miles de chilenos residentes en el exterior. En tal sentido, la
posibilidad de implementación del voto exterior para el 2013, aunque
implique terminar de configurar en Chile el sufragio universal y
fortalecer el sistema democrático, tropieza con el cálculo
electoral de toda la clase política, con la mitomanía del
Presidente, con el conservadurismo censitario de la Alianza, con la
pasividad política -a veces cómplice- de la Nueva Mayoría, pero
también con el compromiso persistente de unos pocos parlamentarios.
Finalmente,
toda esta crónica deja lecciones para el futuro. No hay mentira que
dure cien años. Y cuando el embuste queda al descubierto, el efecto
boomerang
golpea con fuerza los tobillos de la pequeñez política. El que
miente, sabe que lo hace. Y los que han padecido, podrán perder la
ciudadanía, pero no la memoria. Que lo sepa el Presidente, la
derecha que hoy se opone al sufragio universal y toda la clase
política. Un millón de chilenos que residen en el exterior y sus
familias que viven en Chile, todo esto lo recordarán.
(publicada en el diario electrónico El Mostrador, el 28 de agosto de 2013 y en El Quinto Poder)
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